INTRODUCCION
Chile ha construido una economía moderna, caracterizada por un alto crecimiento, estabilidad macroeconómica, inserción internacional exitosa y un continuo proceso de modernización del estado. Sin embargo, el país aún tiene que enfrentar grandes desafíos, como mejorar la distribución del ingreso para que los beneficios del crecimiento alcancen a la mayoría de la población. Es una de las metas de toda sociedad y el mismo implica un incremento notable de los ingresos, y de la forma de vida de todos los individuos de una sociedad. Existen muchas maneras o puntos de vista desde los cuales se mide el crecimiento de una sociedad, se podría tomar como ejes de medición la inversión, las tasas de interés, el nivel de consumo, las políticas gubernamentales, o las políticas de fomento al ahorro; todas estas variables son herramientas que se utilizan para medir este crecimiento. Y este crecimiento requiere de una medición para establecer que tan lejos o que tan cerca estamos del desarrollo.
El primer valor que debemos tener en consideración es frente a quién nos comparamos, o a que sociedad tomaremos como punto de referencia de un modelo ideal de crecimiento y desarrollo. Para esto debemos considerar que el crecimiento no necesariamente está ligado al desarrollo, ya que el desarrollo incluye aspectos inmateriales como son la libertad de pensamiento, de religión, intelectual, cultural, acceso a la informacion y opinión pública. Para tener una idea más clara por ejemplo China tiene altos índices de ahorro, ingreso Per cápita y de consumo, un excelente acceso a la eduación en todos los niveles, pero su propia constitución de 1975 la describe como "Estado" socialista de dictadura del proletariado", por lo que muchas de las libertades normales en cualquier país occidental son limitadas o prohibidas para cualquier ciudadano chino.
También para calificar de desarrollada a una nación debemos incluir aspectos materiales de acceso a niveles mínimos de bienes y servicios de calidad; una medida homogénea que captura el bienestar de una nación al menos en lo relacionado a los aspectos materiales es el producto Interno Bruto, que mide el valor de los bienes y servicios finales producidos al interior de una economía en un año determinado. En términos Per cápita, el PIB es considerado como la medida de desarrollo económico, y, por tanto su nivel y tasa de crecimientos son metas por sí mismas.
GENERALIDADES DEL CRECIMIENTO EN CHILE
Chile ha construido durante los últimos 30 años cinco pilares sólidos que son la base del crecimiento sostenido y que marcan una gran diferencia.
1) Desarrollo Institucional: Más allá de lo anterior, Chile ha avanzado en la construcción de instituciones que le dan credibilidad y efectividad a sus políticas.
- Cumplimiento de contratos
- Derechos de propiedades bien definidos
- Banco central autónomo
- Procedimientos presupuestarios
- Supervisión y regulación del sistema financiero
- Legislación de la libre competencia de mercados
- Regulación para la participación del sector privado en proyectos de infraestructura
2) Estabilidad macroeconómica: en este aspecto podemos señalar el esquema de metas de inflación consolidado que ha permitido reducir la tasa de inflación a niveles de países industriales. Disciplina fiscal durante los últimos 20 años culminando con la regla de superávit estructural del 2001.
3) Apertura comercial continua: chile ha tenido en proceso de apertura al comercio internacional durante los últimos 30 años de manera unilateral y a través de tratados de libre comercio.
4) Sistema financiero robusto: Chile tiene hoy un sistema financiero, comparable con el de Francia, Alemania y otros países europeos. Sin embargo este es el resultado de un proceso de construcción que tomo 20 años (ley de bancos de 1986, 1996; reforma de pensiones de 1981 reforma al mercado de capitales de 2001, etc.)
5) Desarrollo educacional e inclusión social: crear consensos e incorporar a la sociedad en el proceso de reformas. A través de políticas focalizadas de gasto público, mejorando así la coberturas y calidad de la educación.
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Unos fundamentos sólidos y una gestión macroeconómica firme han permitido amortiguar la recesión económica mundial, que, sin embargo, ha afectado a Chile con un acusado deterioro de los términos de intercambio y el desplome del comercio mundial. Gracias a la política monetaria responsable y a la política fiscal prudente aplicadas durante los años de auge económico se han podido adoptar medidas de estímulo macroeconómico decisivas. Este factor, junto con el repunte de los precios del cobre – principal exportación de Chile – y el restablecimiento del comercio mundial, ha contribuido a dar un giro en la actividad. En la actualidad, si bien la economía se encuentra saliendo de la recesión, se prevé que, inicialmente, La tasa de desempleo siga siendo elevada, mientras que la inflación permanecerá con toda seguridad en un nivel bajo. Por consiguiente, la política macroeconómica debería seguir apoyando la actividad a corto plazo. Presuponiendo que la recuperación irá cobrando más fuerza, como está previsto, sería necesario suprimir progresivamente las medidas de estímulo para asentar así el crecimiento sobre una trayectoria sostenible y no inflacionaria a mediano lazo. |
ANALISIS DEL CRECIMIENTO EN CHILE
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El marco macroeconómico a mediano plazo es sólido y cuenta con un gran apoyo. La economía se ha beneficiado enormemente del marco de política macroeconómica implementado por los sucesivos gobiernos. Sin embargo, hay cabida para más mejoras en el mediano plazo. En general, el sistema financiero está bien regulado y hasta el momento se ha comportado satisfactoriamente, aunque resultaría necesaria una supervisión más estricta sobre las instituciones no bancarias, así como abordar de manera más coordinada los conglomerados financieros. El refuerzo adicional del componente asegurador del sistema de subsidio de desempleo, en consonancia con una reducción de las indemnizaciones por despido, ofrecería una protección más eficaz a los desempleados y mejoraría la flexibilidad del mercado laboral. La ampliación de la base imponible mediante la reducción de gastos tributarios poco eficientes podría ayudar a obtener los ingresos fiscales necesarios para financiar el probable incremento de gasto público a mediano plazo, especialmente en educación, pensiones y programas sociales. Esto derivaría en un sistema tributario más progresivo. |
Mejoras en el mediano plazo que contribuyen al crecimiento en Chile.
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Las recientes reformas de la política de competencia que refuerzan la aplicación de la legislación sobre prácticas colusorias han de ser ejecutadas eficazmente y de forma inmediata. Más concretamente, la Fiscalía Nacional Económica debería estar dotada de recursos suficientes; y los límites máximos de las multas, que son relativamente bajos, deberían revisarse. Una ampliación de la protección del consumidor ayudaría a mejorar el funcionamiento de los mercados de productos favoreciendo la transparencia de los precios. La adopción de medidas que faciliten la iniciativa empresarial podría generar también efectos beneficiosos para el dinamismo de la productividad y la economía. Con este fin, deberían reducirse los trámites y reglamentos que dificultan la creación de empresas y los procedimientos de quiebra podrían simplificarse aún más. Son también bienvenidas las recientes iniciativas para promover la innovación, aunque los objetivos para los clústeres sectoriales deberían acompañarse de procedimientos de control adecuados y las cláusulas que establecen el retiro del apoyo público deberán ser bien implementadas. |
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La calidad y la equidad de la educación primaria y secundaria demandan una mejoría. A pesar del impresionante progreso realizado en cuanto a matrícula, todavía queda mucho por hacer para que los escolares chilenos alcancen los resultados de los demás países de la OCDE (organización para la cooperación y el desarrollo económico). Resulta indispensable disponer de docentes mejor calificados, así como mejorar su formación inicial. Es necesario que las escuelas cuenten con condiciones más equitativas a la hora de competir; el gobierno ha comenzado a abordar esta cuestión con la prohibición de realizar selección de alumnos hasta el sexto grado. La implementación de la subvención para alumnos con pocos recursos representa una importante oportunidad para ayudar a estos niños a mejorar sus resultados, algo que repercutirá positivamente en la enseñanza media y en la equidad de los rendimientos del alumnado. |
COMO FORTALECER LA REGULACION DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
Gracias a una supervisión financiera prudencial y a una regulación cautelosa, el sistema financiero de Chile parece relativamente sano y poco o nada expuesto a asincronías de divisas o a los activos tóxicos que han causado el desplome de los mercados dentro de la OCDE. Para mantener el flujo de crédito durante la etapa de crisis, el gobierno ha ampliado las garantías crediticias a través de agencias estatales, ha recapitalizado Banco
Estado (entidad controlada por el Estado) y ha permitido que compañías de seguros y otras instituciones financieras no bancarias ofrezcan créditos. Aumentó el límite máximo de financiamiento hipotecario de viviendas subsidiadas, a la vez que redujo el requerimiento de capital para el crédito bancario con garantías de fondos públicos. Si bien es importante facilitar el acceso a los créditos en la situación actual, algunas de estas medidas implican la relajación de las normas prudenciales y deberían, por lo tanto, estar sujetas a un control estricto. Sería necesario reevaluarlas una vez que la recuperación se consolide. A pesar de la posición dominante de los grupos y conglomerados financieros que operan en varios segmentos de los mercados financieros, la coordinación entre los diferentes supervisores --bancarios, de seguros y valores y de pensiones-- es todavía limitada. Puesto que, para los distintos supervisores resulta difícil detectar los riesgos intragrupo de contagio financiero, se requiere de una estrecha cooperación. La reciente instauración del intercambio de la información entre reguladores en comités resulta del todo adecuada, aunque habría que profundizar en dicho proceso y otorgarle carácter oficial. Además se debería realizar una recopilación de toda la información relativa a los conglomerados financieros de la que se disponga. El gobierno debería, a largo plazo, emprender acciones para establecer un tipo de supervisión financiera de la totalidad del grupo.
Una solución pasaría por designar un “supervisor jefe” en función de la principal actividad del grupo.
Las tarjetas de crédito emitidas por grandes tiendas comerciales, dirigidas principalmente a los hogares con rentas más bajas y con mayor riesgo crediticio, representan actualmente más del 80% de las tarjetas en circulación, aunque tan sólo una pequeña parte del crédito total. Las agencias de calificación crediticia han bajado la categoría de varias grandes tiendas comerciales debido al creciente número de pérdidas en 2009. Los bancos y las grandes tiendas comerciales no comparten la totalidad de la información sobre los historiales de crédito, lo que ha debilitado su capacidad para evaluar el riesgo crediticio de sus clientes. El reciente anteproyecto de ley con vistas a la creación de un registro de créditos consolidado es todo un acierto. Las autoridades deben seguir de cerca a los emisores de créditos no bancarios para poder detectar potenciales amenazas para la estabilidad sistémica. La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras debería supervisar a todos los emisores de tarjetas de crédito.
¿ES POSIBLE MEJORAR LAS POLITICAS FISCALES IMPLEMENTADAS?
El marco macroeconómico de Chile – caracterizado por una regla fiscal estructural, un sistema de metas de la inflación y un tipo de cambio flexible – ha supuesto todo un éxito a la hora de proteger la economía contra el recalentamiento durante el último gran aumento del precio del cobre. Sin embargo, dicho marco podría reforzarse aún más. Por ejemplo, Chile debería considerar las experiencias de los países de la OCDE que complementan su regla fiscal con un límite máximo para el crecimiento del gasto. Durante las épocas de auge, estos límites ayudan a acumular fondos adicionales, que se pueden usar como medida anticíclica en caso de fuertes descensos. Toda mejora deberá buscar el equilibrio entre el costo que entraña la modificación de una regla que funciona, y que es aceptada de manera general, y los beneficios que se pueden esperar con dicho cambio. También se podría imprimir a la política fiscal un carácter más anticíclico reforzando los estabilizadores automáticos e incluyendo la ampliación del sistema de seguro de desempleo.
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El seguro de desempleo se apoya en gran medida en las cuentas de ahorro individuales, con pequeños complementos provenientes de un fondo de seguros, el Fondo Solidario, que hasta hace poco contaba con un acceso muy restringido. La cantidad a percibir por la indemnización por despido es a menudo bastante más alta que la de la prestación por desempleo, lo cual contribuye a retrasar el reajuste de la economía tras recibir impactos adversos. Además, sólo los trabajadores con contratos indefinidos pueden optar a la indemnización por despido; probablemente esto disuada a los empleadores de ofrecer este tipo de contratos, provocando que la proporción de trabajadores con contratos a plazo fijo resulte relativamente elevada. Recientemente el gobierno ha reforzado el sistema de seguro de desempleo facilitando el acceso al Fondo Solidario y abriéndolo a los trabajadores con contratos de corta duración, que representan el grupo más numeroso de la rotación de personal. Para asegurar una protección más eficaz, convendría incrementar la tasa de sustitución del seguro de desempleo de todos los trabajadores y aumentar la duración de ambos parámetros, los cuales se sitúan en niveles muy bajos en la actualidad si los comparamos con los países de la OCDE. Simultáneamente, se deberían restringir las indemnizaciones por despido. Esto propiciaría más eficacia en la búsqueda de trabajo, maximizando así la productividad de los trabajadores gracias a una mayor paridad entre la oferta y la demanda.
El fortalecimiento del Fondo Solidario sería la mejor opción, ya que los seguros ofrecerían una protección de los ingresos más eficaz que los ahorros individuales. Sin embargo, el aumento del seguro de desempleo debería efectuarse muy cuidadosamente, pues unas tasas de sustitución excesivamente elevadas podrían reducir los incentivos hacia la búsqueda de un empleo. |
Los objetivos de la convergencia económica y de la construcción de una sociedad equitativa apelan al desarrollo de más políticas públicas, como en el caso de la reducción de la pobreza o para alcanzar mejores resultados en la educación. Los programas sociales existentes para reducir la pobreza y la desigualdad están bien enfocados y son eficaces, aunque resultan insuficientes si nos ceñimos a los cánones de la OCDE, a pesar de la significativa expansión ocurrida en los últimos años. Por lo tanto, un incremento del gasto público en estas áreas no sólo resulta plausible, sino que además es algo deseable, siempre y cuando siga gozando de una buena focalización y una puesta en marcha eficaz.
La importante brecha entre la tasa de impuestos marginal para las empresas y la tasa máxima del impuesto a la renta incita a los individuos con ingresos elevados a mantener sus ahorros en compañías a menudo creadas únicamente con ese propósito, como las sociedades de inversión. El gobierno debería poner fin a la existencia de este vacío jurídico.
QUE SE PUEDE HACER PARA POTENCIAR EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
El atraso en cuanto a productividad laboral es el mayor causante de la brecha del ingreso Per cápita existente con respecto a los países de la OCDE; por su parte, el bajo nivel de utilización de mano de obra debido a la baja participación de mujeres y jóvenes interviene en menor grado. El aparente estancamiento de la productividad a lo largo de la década pasada aparece como la causa principal de la ralentización del crecimiento del PIB. Aunque la gestión macroeconómica ha experimentado una notable mejoría durante las dos últimas décadas, una serie de puntos débiles presentes en las políticas estructurales ha contribuido al comportamiento irregular de la productividad: la competencia de los mercados de productos, medida por los márgenes precio-costo, sigue siendo débil en comparación con la de otros países de la OCDE. Además, la regulación de entrada y salida de empresas desincentiva la toma de riesgo empresarial y la diversificación en actividades nuevas y con mayor productividad. Si bien es cierto que las recientes reformas en el marco de la política de innovación apuntan a una ampliación de su campo de acción, desde la investigación pública básica hasta todas las formas de innovación, la innovación tecnológica y no tecnológica en las empresas sigue siendo baja.
Una reciente reforma de la política de competencia eleva las facultades de investigación de la Fiscalía Nacional Económica, instaura un sistema de delación compensada e incrementa el nivel de sanciones para los delitos de colusión. La reforma, que cuenta con un diseño adecuado, deberá aplicarse ahora de manera eficaz. La Fiscalía Nacional Económica deberá estar dotada de los recursos suficientes para hacer frente a un probable incremento en el número de casos mientras que la disuasión por participación en un cartel se reforzaría al hacer de la fijación de precios una infracción penal, tal y como lo ha planeado el gobierno. Con una protección del consumidor más eficaz, que llevaría a una mayor transparencia en los precios, y mediante un fortalecimiento aún mayor de la aplicación de la ley de competencia, concretamente en el ámbito de los carteles, se estimularía la competencia en los mercados de productos. En la actualidad, la sanción más elevada sigue siendo demasiado leve para disuadir a las grandes empresas y corre el riesgo de socavar la eficacia del programa de delación compensada, ya que cuanto más atractiva sea la inmunidad más elevada será la sanción. Las autoridades deberían, por lo tanto, considerar relacionar las sanciones máximas con el nivel de ventas en el mercado en cuestión. La eficacia del programa de delación compensada también dependerá del grado de certeza legal de los solicitantes potenciales. La publicación de unas directrices preliminares sobre las condiciones bajo las que la Fiscalía Nacional Económica otorgará inmunidad resulta, por lo tanto, una medida más que acertada y las pautas finales deberán especificar dichas condiciones con la mayor precisión posible.
Los indicadores de la OCDE muestran que la carga administrativa relativa a la creación de empresas es más elevada que en la mayoría de los países de la OCDE.
Los empresarios chilenos se enfrentan a un número mayor de procedimientos, a mayores retrasos y a costos más elevados para la puesta en marcha de un negocio.
Los reglamentos de entrada en sectores de servicios específicos, tales como los requisitos de registro y notificación en el comercio al por menor y los derechos exclusivos en los servicios profesionales, también parecen ser más restrictivos que en la mayoría de los países de la OCDE. Chile ha aprobado recientemente una ley para reducir los trámites administrativos de las pequeñas y medianas empresas. Con vistas a incentivar la iniciativa empresarial, Chile debería reducir aún más las cargas administrativas para la creación de empresas y facilitar la entrada a ciertos sectores de servicios.
El procedimiento de quiebra es ineficiente, no sólo provoca la demora de la salida de las empresas con baja productividad sino que también frena la adopción del riesgo empresarial y dificulta el acceso al crédito. Según los indicadores de Doing Business del Banco Mundial, el procedimiento de bancarrota en Chile resulta más largo y más costoso que en la mayoría de los países de la OCDE. Además, la protección de los prestamistas durante procesos de bancarrota parece insuficiente.
Como los prestamistas anticipan índices de recuperación bajos, pueden llegar a ser reacios a ofrecer crédito a negocios potencialmente muy productivos aunque riesgosos. Existen varias iniciativas en marcha para mejorar la eficacia de la ley de quiebra y, más concretamente, el gobierno ha promulgado una ley que simplifica los procesos de quiebra de las pequeñas y medianas empresas. Las autoridades también han lanzado un grupo de trabajo interministerial encargado de evaluar las opciones de reforma, como la creación de tribunales especializados en asuntos de quiebra, entre otras Es necesario seguir realizando esfuerzos para mejorar el procedimiento de quiebra, para facilitar la salida de las empresas ineficaces y favorecer la adopción de riesgos empresariales en sectores innovadores.
Hasta no hace mucho, el marco político de innovación se limitaba a la investigación básica en institutos públicos y universidades. A consecuencia de esto, la propensión del sector empresarial privado a participar en la innovación tecnológica (producto o proceso) y no tecnológica (marketing u organizacional) es baja en comparación con los estándares OCDE. Las autoridades han adoptado varias medidas para mejorar las relaciones entre industria y ciencia con la intención de que la investigación científica gane relevancia en el mercado. Han introducido, entre otras medidas, un crédito fiscal para I+D que requiere la participación de institutos de investigación externos a la empresa, y también han reforzado los mecanismos de financiamiento que exigen que las subvenciones públicas se complementen con fondos privados.
Por otra parte, las autoridades han comenzado a abandonar el enfoque que se ciñe solamente a I+D para apoyar toda forma de innovación tecnológica y no tecnológica; para ello, ha ampliado los programas de apoyo de la CORFO (agencia de desarrollo económico), entre otras medidas. Es necesario seguir realizando esfuerzos para reforzar los lazos entre empresas y universidades y respaldar toda forma de innovación tecnológica y no tecnológica en las empresas.
La mayoría de los países de la OCDE incentiva la formación de clústeres industriales, algo que podría justificarse desde un punto de vista económico en caso de que se produzcan externalidades positivas para la economía en su conjunto. En Chile, la formación de clústeres industriales puede favorecer la diversificación en los sectores no tradicionales con alta productividad, aunque no se deben pasar por alto los riesgos potenciales que afectan a los recursos públicos.
Para evitar el gasto de recursos públicos sin ningún efecto inductor o en sectores que acaben fracasando, es necesario definir con claridad los objetivos de desempeño. En el caso de que los clústeres cumplan sus objetivos de desempeño, la necesidad de apoyo público deberá ser revisada periódicamente (cláusulas de validez temporal), ya que el objetivo final debe ser que el financiamiento privado acabe reemplazando el respaldo público. En cuanto a los clústeres que continuamente incumplan sus objetivos de desempeño, el apoyo deberá ser suprimido con rapidez para evitar la captura por parte de empresas ineficaces. Las autoridades han comenzado a definir los objetivos de resultados de los clústeres en términos de exportación; tales objetivos deberían complementarse con protocolos transparentes que definan las condiciones en las que se retirará el apoyo público.
ANALISIS DETALLADO DEL PIB
Definición: El producto interno bruto (PIB) o en otras palabras, el valor de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de una nación en un año determinado.
El PIB al tipo de cambio de paridad del poder adquisitivo de una nación es la suma de valor de todos los bienes y servicios producidos en el país valuados a los precios que prevalecen en los Estados Unidos. Esta es la medida que la mayoría de los economistas prefieren emplear cuando estudian el bienestar Per cápita y cuando comparan las condiciones de vida o el uso de los recursos en varios países. La medida es difícil de calcular, ya que un valor en dólares americanos tiene que ser asignado a todos los bienes y servicios en el país, independientemente de si estos bienes y servicios tienen un equivalente directo en los Estados Unidos (por ejemplo, el valor de un buey de carreta o equipo militar no existente en los Estados Unidos). Como resultado, estimaciones PPA para algunos países se basan en una canasta pequeña de bienes y servicios. Además, muchos países no participan formalmente en el proyecto PPA del Banco Mundial que calcula estas medidas, por lo que el resultado de las estimaciones del PIB de estos países puede carecer de precisión. Para muchos países en desarrollo, las estimaciones del PIB basados en PPA son múltiples del PIB al tipo de cambio oficial (PIB TCO). La diferencia entre los valores del PIB TCO y los valores del PIB PPA es mucho más pequeña para la mayoría de los países ricos industrializados.
Durante la última década el desempeño de la economía chilena estuvo caracterizado por un notable dinamismo de la actividad, fuertemente determinado por el comportamiento de las exportaciones. Mientras el producto creció a una tasa promedio anual de 6,5% durante el periodo, las exportaciones lo hicieron a una tasa de 8,4%. Del mismo modo la Formación Bruta de Capital Fijo experimentó una expansión del 7,5% en promedio anual en igual lapso. Es este comportamiento de las exportaciones el principal factor que dinamiza a la demanda al interior de la economía, la que también refleja una expansión que alcanza al 6,7% promedio anual. Esta última variable se debe entender en el marco del incremento de 872 mil puestos de trabajo y un crecimiento del 30% de los salarios reales en el periodo.
En la actualidad, desde el punto de vista de la estructura productiva, la principal contribución al producto interno corresponde al sector Comercio, que representa un 18,8%. Le sigue en importancia la Industria manufacturera con un 15,0%, muy cerca de los Servicios Financieros que aportan un 14,8% al Producto Interno Bruto. En general el positivo desempeño de estas variables se acompañó durante la década pasada de una inflación claramente en descenso, la que pasó desde un nivel superior al 27% hasta alcanzar el año 2000 una tasa de 4,5%.
Sin embargo, durante el mismo periodo la economía chilena presenta ciertas vulnerabilidades que se van a expresar con fuerza en el contexto de una creciente inestabilidad interna que se manifiesta simultáneamente a la llamada crisis de Asia. Lo que era originalmente un problema latente se convierte en un desequilibrio manifiesto y su principal expresión es el déficit de Cuenta Corriente. Para el año 1998 este déficit alcanzaba a la suma de 4.144 millones de dólares, lo que a su vez representaba un 6,3% del producto.
Si bien esta situación alcanza su punto más grave hacia el fin de la década, es un problema que se arrastra durante todo el periodo y si no se manifestó con anterioridad, es debido al inusual ingreso de capitales, en su mayoría en la forma de Inversión Extranjera Directa destinada a la minería, lo que arrojaba un importante saldo positivo en la Cuenta de Capital.
El financiamiento de este desequilibrio que se realizaba por la vía señalada, dejaba expuesta a la economía chilena a un agudo shock que se presentaría en el caso de que este flujo de recursos se interrumpiera por alguna razón. Ese shock se produjo cuando los capitales emigraron de las economías emergentes en el contexto de la crisis de Brasil y Rusia en 1998. Esta economía, que gasta más de lo que ingresa, al igual que en otros episodios de su historia económica, se había mantenido a flote gracias a los flujos externos.
Sin que pueda afirmarse a ciencia cierta una relación de causalidad entre ambas variables, existe una clara correlación positiva entre ambas y es importante tener en cuenta el efecto que provoca el ingreso de estos flujos de capital en el incremento del déficit de cuenta corriente. Esto por la vía de una progresiva apreciación cambiaria.
El ajuste de la economía chilena frente a una caída en las exportaciones y los flujos externos, fue de carácter recesivo. Ante el problema de un déficit cuya ausencia de financiamiento lo hacía insostenible, se desechó la opción de permitir un ajuste vía tipo de cambio y se recurrió al uso alternativo de la tasa de interés como instrumento de control del gasto interno. El resultado fue una recesión, que se extendió durante cuatro trimestres consecutivos entre los años 1998 y 1999. Lo que resulta el antecedente inmediato de la situación actual de la economía chilena.
Tras la alternativa elegida se encuentran dos fundamentos básicos. El primero deriva de la misión del Banco Central, en términos de mantener bajo control la variación de los precios. Situación que en el contexto de una escalada devaluatoria habría resultado prácticamente imposible. En este sentido actuar sobre la demanda interna mediante una contracción monetaria, permitía cumplir con el objetivo de atacar el déficit de cuenta corriente y al mismo tiempo mantener bajo control a la inflación.
El segundo de los fundamentos de las decisiones tomadas resulta menos presentable y dice relación con la condición de descalce en que se encontraban las grandes empresas en Chile, las cuales frente a una devaluación habrían visto incrementarse notablemente sus pasivos en moneda extrajera. En virtud de estos antecedentes la autoridad monetaria en la práctica eligió como alternativa el provocar una recesión para ajustar la demanda interna y el déficit de cuenta corriente.
La economía chilena enfrenta en la actualidad un conjunto de restricciones que le han impedido dar inicio a una fase de recuperación sólida con posterioridad a la recesión experimentada entre los años ’98 y ’99. Luego de la crisis se encuentra en una situación de virtual estancamiento y su principal manifestación es el persistente nivel alcanzado por la tasa de desempleo abierto, que es prácticamente el doble de la existente hace dos años. Todo lo cual ocurre en el contexto de una desaceleración que se evidencia durante los últimos trimestres.
En este escenario surgen dos temas centrales, el comportamiento de la demanda interna y la tendencia que se observa en la actividad, todo lo cual se vincula con los factores explicativos de la aparente recuperación del año 2000. Si bien la desocupación a parece como una de las manifestaciones más evidentes de la crisis y el estancamiento posterior, el comportamiento de la demanda interna aparece como una variable explicativa de importancia frente al actual escenario.
El comportamiento de la actividad económica y la demanda interna, que se refleja en los gráficos anteriores, muestra una clara desaceleración. Sin embargo, más que interpretarse como una reversión de una tendencia a la recuperación post crisis, viene a reflejar, por el contrario, una tendencia más persistente. Efectivamente, ya el primer trimestre del año 2000 la demanda y la actividad se recuperan respecto al periodo anterior, mostrando un crecimiento anual de 5,5% y 5,4% respectivamente, todo lo cual va a llevar a que el producto interno durante el año 2000 alcance un nivel de 5,4% en contraposición a la caída anual de –1,1% del año precedente. Sin embargo, este crecimiento se encuentra justificado de manera preferente por el desempeño del sector externo, es decir por la evolución de las exportaciones. Esto explica el hecho de que a pesar de la aparente recuperación del año 2000, la tasa de desempleo se mantenga en un nivel cercano a los valores de la crisis. Al tiempo que la demanda interna de la economía vuelva a mostrar signos de contracción.
El desempeño del sector externo, como se observa, refleja la profunda contracción experimentada en el contexto de la crisis de la zona asiática. En 1998 las exportaciones totales de Chile experimentaron una disminución de 11% respecto al año anterior. A inicios de la década, del total de las exportaciones de Chile, un 26,8% se destinaba a la zona de Asia. Esta proporción se elevó al año 1995 a un 34,3%, para finalmente caer al año 2000 a un 30,8%. Lo cual refleja el impacto que tuvo en el ámbito del comercio, la crisis en esa región. Como se observa, el año 2000 las exportaciones de Chile se incrementaron un 13,6% en el contexto de un crecimiento de la economía mundial y la importante expansión económica del principal socio comercial del país. En efecto, la economía de Estados Unidos creció por sobre un 5% durante el año recién pasado, lo cual tiene importantes implicancias considerando que es el destino del 17,3% del total de exportaciones.
En este contexto el mayor riesgo de la economía chilena y que eventualmente podría precipitarla hacia una nueva contracción del producto, es que el comportamiento de la actividad se encuentra determinado directamente por las exportaciones. De esta situación se desprenden dos aspectos en los que radican los factores de riesgo. En primer lugar, la situación que actualmente presentan las principales potencias económicas del planeta: Estados Unidos, Japón y Alemania, justifica una caída en las exportaciones para este año. Al primer semestre de 2001, las exportaciones totales de Chile habían crecido sólo un 3,1% respecto al año anterior, lo cual contrasta con el aumento de 13,6% precedente.
En segundo lugar se encuentra la evolución experimentada en el mercado mundial por el principal bien exportable de Chile, el cobre. Este representa el 45,2% del valor total exportado. Esta producción, mayoritariamente privada, participa en el total de la oferta mundial con un 36%, situación que sin duda pone a Chile en la categoría de agente “hacedor de precios” en el mercado. En este marco, desde 1990 a la fecha la producción de cobre se ha más que duplicado alcanzando cuatro millones trescientas ochenta mil toneladas, lo que simultáneamente ha llevado el precio del metal desde 120 centavos de dólar por libra a 67 centavos en la actualidad.
El impacto de las variaciones de este mercado es trascendental en tanto es un sector que general gran parte de los ingresos con que el Estado cuenta y tiene gran influencia en el comportamiento del mercado cambiario. La política aplicada por las compañías privadas, responsables de dos tercios de la producción total de cobre en Chile ha sido enfrentar las caídas de precios, con un incremento de la producción, lo cual ha redundado en una sobre oferta estructural en el mercado.
POLITICAS FISCALES Y ECONOMICAS DE CHILE
Historia económica de Chile
La historia económica de Chile ha estado marcada por los diferentes cambios político-administrativos que ha sufrido el país. Desde los tiempos de la colonia el modelo económico ha sido parte fundamental de las políticas internas, sufriendo diversos cambios a lo largo de la historia nacional, especialmente en la última mitad del siglo XX, pasando de una economía de sustitución de importaciones, impulsada por gobiernos radicales y de corte centro-izquierdista, a una economía de libre mercado, desarrollada tras el golpe militar de 1973 y que ha sido ratificada por los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia desde 1990 hasta 2010 y la Coalición por el cambio desde 2010.
El 11 de marzo de 1990, el General Augusto Pinochet le entregó la presidencia de Chile a Patricio Aylwin. Cuando la Concertación de Aylwin se hizo cargo del gobierno, Chile tenía la mejor economía de America Latina.
Durante años, los opositores del gobierno de Pinochet habían argumentado que su programa económico se basaba en ideas ajenas a la tradición chilena. A principios de 1990, analistas, académicos, agentes de bolsa, y los políticos en todo el mundo se preguntaban si el nuevo gobierno democrático del presidente Aylwin se mantendrían algunos, o en su totalidad, los aspectos más importantes de las políticas orientadas al mercado del gobierno militar, o si el gobierno de la Concertación reformaría el sistema basándose en las críticas realizadas durante un decenio en la oposición. Lo que hizo a esta pregunta particularmente interesante fue que en el momento de la restauración de la democracia, Chile fue considerado por muchos, incluidas instituciones internacionales como el Banco Mundial y el FMI, como un ejemplo de la forma en que el proceso de ajuste después de una crisis debía llevarse a cabo. Varios analistas se preguntaban cómo el advenimiento de la democracia podía afectar la política económica chilena. En particular, los analistas estaban preocupados por la actitud del nuevo gobierno hacia el sistema de precios libres y la nueva apertura de Chile a la competencia internacional.
En cuanto a la competencia de precios, la posición del programa de Aylwin señalaba lo siguiente: "Afirmamos que dentro de una política económica eficaz no hay ningún papel para el control de precios". Al discutir el rol del mercado, el programa señalaba: "El mercado no puede ser reemplazado como un mecanismo para que los consumidores expresen sus preferencias". Estas opiniones eran bastante distantes de las de los gobiernos de Eduardo Frei y Salvador Allende en los años 60 y 70. También eran sustancialmente diferentes de las de los críticos del nuevo mercado en los años 70 y mediados de los años 80. De hecho, el programa de la Concertación transmitía que se había producido una importante convergencia de puntos de vista internos sobre el rol de los mercados en el proceso económico.
Al abordar la apertura de la economía hacia el resto del mundo, el programa de la Concertación señalaba: "Los instrumentos más importantes de la política del sector externo son el mantenimiento de una tasa de cambio real alto y un arancel de importación razonablemente bajo". Esta declaración sugiere que desde su inicio el gobierno de Aylwin no estaba dispuesto a poner en práctica importantes cambios en uno de los rasgos más fundamentales de la nueva economía de Chile.
Programas sociales
En busca de la financiación para nuevos programas sociales, el gobierno de Aylwin aclaró inmediatamente que el único modo de aumentar los gastos sociales sin generar presiones macroeconómicas no sostenibles era encontrando fuentes seguras de ingresos del gobierno. Los economistas se asociaron con la Concertación de Aylwin con el fin de poner en práctica sus programas sociales anti-pobreza, para lo cual se requerían fondos anuales en la orden del 4 por ciento del PIB. Ellos sostuvieron que estos recursos podrían ser obtenidos mediante una combinación de gastos, reasignación, ayuda externa, y aumento de los ingresos fiscales. A fin de poner en práctica estos programas rápidamente, en abril de 1990 el presidente Aylwin presentó al Congreso recién asumido una oferta legislativa apuntada a reformación del régimen fiscal. Los rasgos generales del paquete eran los siguientes: el precio del impuesto sobre la renta corporativa debía ser aumentado temporalmente del 10 por ciento al 15 por ciento para 1991-93; y la base fiscal, que en 1985 había sido definida como ganancias distribuidas, debía ser ensanchada para incluir ganancias totales. El carácter progresista del impuesto de renta personal debía ser aumentado reduciendo el nivel de ingresos en el cual el precio máximo era aplicable; y el Impuesto al Valor Agregado sería aumentado del 16 al 18%. Durante la mayor parte del gobierno de Pinochet, el IVA había sido del 20 por ciento. Sólo fue reducido al 16 por ciento antes de la competencia del plebiscito de 1988 que decidiría la continuación de Pinochet en el poder. Después de intensas y a menudo frustrantes negociaciones entre la administración Aylwin y la oposición, la reforma fiscal fue aprobada a fines de 1990.
Política fiscal y protección social en Chile
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La estabilidad del desarrollo y financiamiento del sistema de protección social, una de las prioridades de la política fiscal de Chile en los últimos años, ha contribuido a reducir la pobreza y la indigencia, especialmente a partir de la década de 1990. El manejo de las cuentas fiscales ha sido prudente y se ha privilegiado la mantención de los equilibrios y la eficiencia de la gestión por encima de visiones de corto plazo. Aun así la pobreza sigue siendo una realidad los pobres continúan expuestos a drásticas reducciones de sus ingresos, lo que plantea desafíos relacionados con la modernización de la política fiscal de protección social
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Entre las distintas funciones que ha cumplido la política fiscal en Chile en los últimos años, cabe destacar las siguientes:
i) Ha contribuido a la estabilidad macroeconómica y con ello ha potenciado el crecimiento económico;
ii) Ha generado un financiamiento estable equilibrado del sistema de protección social que, entre otros factores, se ha desarrollado gracias a estas favorables condiciones, y
iii) Ha influido la institucionalidad de las políticas sociales y del sistema básico de protección social
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La importancia cada vez mayor de la estabilidad fiscal viene particularmente al caso, dada la globalización de los mercados financieros. La creciente globalización de la economía y la integración de los mercados han generado grandes oportunidades de crecimiento y desarrollo para las economías de América Latina. Junto con estas mayores oportunidades de crecimiento, sin embargo, la población de las economías emergentes, que ha visto incrementados sus ingresos, sus posibilidades de consumo y su bienestar, se ha tornado más vulnerable a las fluctuaciones de la economía mundial.
Al mismo tiempo que han aumentado los riesgos asociados a la mayor exposición de los países a factores externos, se han desarrollado mercados de seguros y mecanismos institucionales y no institucionales de protección.
Las recientes crisis económicas internacionales, que han afectado fuertemente a las economías de América Latina, ponen de manifiesto que muchas de ellas que se encontraban en situación de desequilibrio fiscal han debido realizar dolorosos procesos de ajuste económico, que en lugar de permitir paliar los efectos adversos de la crisis han profundizado su impacto.
En el caso de la economía chilena, la compatibilización de un fuerte crecimiento del gasto social con una política fiscal sana y equilibrada le han permitido hacer frente a los períodos de crisis con un importante conjunto de medidas transitorias que han hecho posible suavizar los patrones de consumo básicos de la población de menores ingresos.
Así, el caso chileno se percibe como un ejemplo de manejo prudente y ordenado de las cuentas fiscales y de conducción que ha privilegiado el mantenimiento de los equilibrios y la eficiencia de la gestión por encima de visiones de corto plazo, y ha logrado compatibilizar un poyo fiscal sostenido al desarrollo social con una importante disminución de la deuda pública.
En este contexto, es cada vez más importante asegurar una responsabilidad fiscal que permita administrar las finanzas públicas en una trayectoria sostenible .Sin embargo, para reducir la volatilidad macroeconómica también es necesario permitir que la política fiscal desempeñe un papel contra cíclico. En Chile, la aplicación de la regla fiscal basada en mantener un superávit estructural de 1% del PIB apunta precisamente en esa dirección.
La política fiscal no agota su responsabilidad cumpliendo su papel en la estabilidad macroeconómica y el financiamiento estable del sistema de protección social. Por el contrario, participa activamente en el desarrollo e implementación de la institucionalidad pública y semipública en que operan las políticas y programas sociales. En otras palabras, la política fiscal no es neutra respecto de la institucionalidad de la protección social que se genera como consecuencia de su acción.-
Durante los noventa se logró compatibilizar un apoyo fiscal sostenido para el desarrollo social, incluso durante el período de desaceleración económica (1998-2002), y disminuir la deuda bruta del gobierno central de 43,8% a 15,9% del PIB entre 1989 y 2002.
Balance estructural y regla de política fiscal en chile
¿Rigidez o Flexibilidad?
La política fiscal macroeconómica tiene 2 grandes objetivos: cumplir una función estabilizadora de corto plazo y asumir un compromiso de sostenibilidad a largo plazo. En algunas economías las presiones sociales o de grupos de intereses muchas veces llevan a subordinar el segundo objetivo el logro del primero, lo que puede desencadenar déficit fiscales no sostenibles. Si las reglas de política fiscal están bien diseñadas pueden conciliar estos dos grandes objetivos
En este contexto, en el año 2000 se introdujo en Chile una regla explicita para la formulación, conducción y evaluación de la política fiscal consistente en mantener un superávit estructural del gobierno central equivalente a un 1% del PIB.
La Implementación de la Regla
• En el año 2000 se anunció la aplicación de la regla fiscal a partir del año 2001.
• La meta consiste en cumplir anualmente un superávit estructural de 1% del PIB.
• Esta regla considera la evolución en el tiempo de los ingresos estructurales del gobierno, actuando como mecanismo sostenedor de los niveles de gasto público, evitando que la política fiscal se convierta en un factor de ampliación del ciclo económico.
• El indicador del BE aísla el efecto cíclico de tres variables:
- actividad económica
- precio del cobre
- precio del molibdeno
Marco de la Política Fiscal en
Chile
Fundamentos fiscales, económicos y
políticos
de la regla
• Desde la perspectiva fiscal y presupuestaria las condiciones revelantes al momento de diseñar la regla en Chile se referían tanto a elementos estructurales de las finanzas públicas como a consideraciones más coyunturales.
• En la dimensión estructural, una consideración fundamental era la fuerte volatilidad histórica de las principales fuentes de ingresos fiscales, asociada tanto a la muy cercana respuesta de los ingresos tributarios al ciclo de actividad económica doméstico como al fuerte efecto sobre los ingresos fiscales de variaciones intertemporales del precio del cobre.
• En la dimensión más coyuntural, se destacaba principalmente la debilitada posición de las finanzas públicas a fines de los noventa.
La Meta del Balance Estructural,
¿por qué una meta del 1% del PIB?
• Tipo de regla: Impone límite al gasto a partir de un indicador de balance.
• Base de la regla:
- Se basa en un indicador de balance estructural, apoyado en extensa literatura sobre indicadores fiscales, metodología conocida internacionalmente, modificada para incorporar comportamiento del precio del cobre (particularmente relevante para Chile).
- Indicador base es monitoreable periódicamente
- Regla presupuestaria: cobertura gobierno central, base anual
- Indicador base separa componentes cíclicos del presupuesto; meta estructural permite operación contracíclica de las finanzas públicas.
Requisitos Necesarios para la aplicación de la regla
• Uno de los requisitos fundamentales es que la regla sea simple, pues cuanto mayor es el grado de especificidad, mayor es el grado potencial de manipulación por parte de la institución pública que la calcula y aplica.
• La aplicación de la regla debe reflejar con claridad los compromisos institucionales, la medición y el análisis de las cuentas fiscales.
• Se debe contar con normas de transparencia adecuadas, a fin de hacer de conocimiento público los objetivos y metas del gobierno, así como la estructura de las cuentas públicas.
• Las funciones, estructura, cuentas y proyecciones del sector público deben ser entendibles, normalizadas y comparables con normas internacionales.
• Todo lo anterior facilita la rendición de cuentas públicas de la Política Fiscal.
Al cierre del primer trimestre 2008 el fisco chileno reporto US $ 26.131.5 millones en activos del tesoro publico, considerando US $ 17.192.0 millones en el fondo de estabilización económica y social (FEES); US $ 1.574.3 millones en el fondo de reserva de pensiones (FRP) y US $ 7.365.2 millones en otros activos del tesoro. Es decir una acumulación cercana a 13.4% del PIB esperado para el año y a 67.4% del presupuesto aprobado para 2008 Estos niveles de acumulación de activos, que comenzaron a acentuarse a partir del 2005, no tienen precedente en la historia del país desde que existen estadísticas fiscales comparables, mientras que para el periodo 1988-2003 la acumulación promedio no sobrepaso los US $2.472 millones, al primer trimestre de 2008 esta era superior en mas de 10 veces a dicha cifra.
EL GOBIERNO Y LA POLITICA FISCAL: FUNCION ECONOMICA DEL ESTADO:
MODELO DE EQUILIBRIO DE UNA ECONOMIA DE TRES SECTORES
Uno de los temas que más controversia generan en economía es el papel del gobierno en la economía. Algunos economistas piensan que su participación resulta desestabilizadora, y hasta dañina, mientras que otros consideran que el gobierno debe cumplir importantes funciones en el atenuamiento de las fluctuaciones de los ciclos económicos.
En este sentido se reconocen dos puntos de vista básicos:
- Punto
de vista tradicional: Considera que el estado no debe intervenir en la
actividad económica, sino en aquellos casos en los cuales el mercado no
resulte ser un mecanismo eficiente. De acuerdo con este enfoque se
justifica la participación del estado en los siguientes tres casos:
- Provisión de bienes públicos: Como estos bienes no siempre pueden venderse o cobrarse, entonces deben ser provistos por el gobierno. Por ejemplo: calles, alumbrado público, defensa nacional, etc.
- Intervención en casos de virtual monopolio natural: Ciertas actividades económicas presentan importantes economías de escala, por lo que resulta más eficiente la existencia de una única empresa en el mercado. Al constituir esto un monopolio, se justifica entonces que el estado regule o explote estas actividades. Este puede ser el caso del suministro de agua o de electricidad.
- Intervención en casos de externalidades: Algunas actividades económicas generan importantes costos sociales que no son absorbidos por los productores, tal es el caso de la contaminación generada por distintas fábricas. También en otros casos algunas actividades producen elevados beneficios sociales, por ejemplo la educación. Así se considera que el estado debe intervenir en cualquiera de esas situaciones.
- Punto de vista moderno: Esta concepción se toma luego de la depresión de los años 30 y las guerras mundiales. Se empieza a considerar que el estado puede desempeñar un papel más activo en la economía, llegando así a reconocerse tres funciones básicas:
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- Asignación de recursos: El gobierno busca, directa o indirectamente, alentar algunas actividades económicas, o bien, desincentivar otras. Así el estado promueve algunas actividades a través de subsidios, exenciones, tasas de interés preferenciales, etc., incluso el estado mismo puede producir algunos bines y servicios, y también, puede desalentar otras a través de impuestos, aranceles, u otros tipos de sanciones.
- Estabilización de la actividad económica: El nivel de actividad económica puede no ser estable, y sufrir así ciertas fluctuaciones, que generalmente se llaman ciclos económicos, y pueden darse fases expansivas (aumenta la producción, el ingreso, los precios, el empleo), o pueden ser fases recesivas (disminuye la producción, los precios, el empleo). Así, se considera que el estado puede tratar de atenuar el impacto de estos ciclos empleando distintas políticas, como el aumento o disminución del gasto público, de los impuestos, entre otras.
- Redistribución del ingreso: El ingreso en la economía no está distribuido con perfecta equidad, sino que existe cierta desigualdad, y entonces el estado puede cumplir una función social buscan disminuir las brechas que separan a los ricos de los más pobres. El gobierno fija entonces precios máximos (por ejemplo a los bienes de la canasta básica), fija salarios mínimos, crea instituciones de asistencia social (por ejemplo el IMAS, Asignaciones Familiares, etc.), y a través del sistema tributario se cobra más impuestos a los que más ingresos tienen.
Clasificación de la política económica
Al tomar en cuenta las variables macroeconómicas, es posible evaluar la marcha global de una economía. Para analizar el funcionamiento de la economía, hay que centrarse en el estudio de varias variables que le permiten establecer objetivos concretos y diseñar una adecuada política macroeconómica, acorde a la realidad de nuestro país. El conjunto de políticas está integrado por varias medidas diseñadas por el gobierno destinado a influir sobre la marcha de la economía en su conjunto. Estos objetivos suelen ser la inflación, el desempleo y el crecimiento, junto a estos las autoridades económicas también se preocupan del presupuesto público, las cuentas con el sector externo y el nivel de endeudamiento de nuestro país.
Los planificadores de la política económica estudian el impacto, las causas y los costos que suponen para la sociedad la inflación, así como las posibles soluciones y consecuencias de las posibles medidas a tomar. Otro factor importante de estudio es el desempleo que cuestiona para los gestores de la política económica porqué el mercado de trabajo presenta unos porcentajes elevados de desempleo y las posibles medidas para tratar de reducirlo, ya que además del alto costo social, el desempleo obliga a un incremento sustancial de transferencias por parte del gobierno. El crecimiento es materia de un importante análisis por parte de los planificadores de la política económica, ya que un crecimiento considerable de la producción trae por si solo un gran aumento del consumo, ingreso real, nuevos puestos de trabajo y el bienestar general de los individuos crece. Lo contrario ocurre cuando la economía no crece suficientemente o incluso decrece. Además de estos componentes el déficit presupuestario público, esto es, la diferencia entre el gasto público y los ingresos públicos, aparece como una grave restricción al momento de elaborar las políticas económicas adecuadas, para el caso ecuatoriano históricamente hemos cubierto este déficit con más endeudamiento. Este alto endeudamiento ha provocado un incremento presupuestario destinado al servicio de la deuda, y un decrecimiento del presupuesto destinado a educación, salud e inversión. Otro factor es el déficit externo, provocado por la salida de dinero por importaciones versus el ingreso de dinero por exportaciones, es decir un déficit en la balanza de pagos influye en la elaboración de políticas comerciales.
Para poner en práctica las políticas macroeconómicas, las autoridades económicas emplean un conjunto de variables denominadas instrumentos de política económica, entre los que cabe destacar los impuestos, el gasto público, la cantidad de dinero y el tipo de cambio. Dependiendo de las circunstancias que experimente una economía se elaboran políticas, encaminadas a fortalecer, cambiar o ratificar políticas económicas aplicadas con anterioridad.
CONCLUSION
A pesar de que utilizamos la macroeconomía para entender los acontecimientos económicos y mejorar las políticas económicas, debemos admitir que es una ciencia incompleta, dado que todavía hay muchas preguntas sobre la economía que están sin respuestas y originan debate, reconociendo, eso sí, la existencia de algunos principios aceptados por la mayoría de los economistas que permiten analizar eventos y llevar a cabo los propósitos de esta ciencia.
Las lecciones más importantes de la macroeconomía que aprendimos en este trabajo son por ejemplo,
En el largo plazo, la capacidad de un país para producir, que es lo que determina el estándar de vida de sus ciudadanos. De todos los indicadores vistos, el que mejor refleja el bienestar de un país es el PIB (GDP), ya que mide el producto total de bienes y servicios y por lo tanto, la capacidad del país para satisfacer sus necesidades.
En conclusión, podemos afirmar que las políticas públicas sólo pueden aumentar el PIB de LP mejorando la capacidad productiva de la economía, ya sea con políticas que mejoren la tasa de ahorro nacional o que favorezcan la educación y progreso tecnológico, sin embargo, lo que está en duda es cuál de estas políticas es la mejor.
En el Corto Plazo, la demanda agregada afecta el monto de producción de bienes. y servicios.
En conclusión, dado que la Demanda. Agregada. Es crucial en las fluctuaciones de Corto Plazo, antes de hacer cualquier cambio en las políticas económicas, debemos saber en qué lugar del ciclo económico nos encontramos.
Junto con el PIB, la inflación y la tasa de desempleo son los indicadores más representativos del desempeño de una economía.
En resumen, con una visión actual y futura es que es absolutamente indiscutible que la Macroeconomía chilena pasa por un gran período de alta, que está reportando grandes beneficios al país, aunque en algunos casos no se logran percibir, dichos beneficios aparecen con una gran proyección, además han sido fortalecidos ante la concreción de los distintos Tratados de Libre Comercio(TLC) que se han concretado con diferentes países, que en rigor, representan en el ámbito internacional, lo mejor en cuanto a calidad de sus Mercados en la actualidad, con Economías consolidadas en el tiempo y con comercios agresivos.
Lo que queda por delante es solucionar el Factor Empleo y lograr una adecuada Distribución del Ingreso. Ambas Variables pueden ser superadas con un progreso real y efectivo del Crecimiento Económico que a la fecha funciona muy bien, Si lo logramos y estamos seguros que así será, quedamos a las puertas de otra etapa que se llama Desarrollo,
